El diputado y secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Ejecutiva federal del Partido Socialista, Hugo Morán, se mostró ayer convencido de que «va a haber un acuerdo» entre los propietarios de sidra El Gaitero y la Demarcación de Costas en Asturias, respecto al deslinde de terrenos que afecta a sus instalaciones junto a la ría de Villaviciosa. El diputado socialista asturiano señaló, en declaraciones recogidas por la Agencia Efe, que, hasta donde él conoce, lo más probable es que se alcance un acuerdo y que éste se haga público en las próximas semanas con el fin de que la factoría de Valle, Ballina y Fernández S.A. Sidra El Gaitero pueda mantener su actividad en Villaviciosa a pesar de la Ley de Costas.
Las instalaciones de la empresa fueron incluidas en la delimitación del dominio público marítimo-terrestre por orden ministerial de 5 de marzo de 2010, relativo al tramo de costa de unos 3.408 metros de longitud, desde la Enciena de Tornón hasta el Porreo del Salín, en la margen derecha de la Ría de Villaviciosa .
Contra la aprobación del deslinde interpusieron recurso los propietarios de la fábrica, según notificó la Audiencia Nacional el 18 de enero pasado a la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Según indicó Morán, la Ley de Costas prevé un tratamiento específico y singular para este tipo de casos, que en otras comunidades autónomas ha llevado a que se llegase a un acuerdo entre las partes en la gran mayoría de los casos.
En opinión del diputado y secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Ejecutiva federal del PSOE, todo apunta a que se alcanzará la mejor solución para la fábrica y los trabajadores con el fin de consolidar la actividad futura de sus instalaciones.
En Cádiz y Huelva numerosas instalaciones industriales destinadas a la extracción de sal han quedado incluidas en el dominio costero, continuando su actividad en el marco de las concesiones administrativas de ocupación del dominio público.
La empresa quiere que se reconozca la propiedad
Desde la dirección de Valle, Ballina y Fernández ya se comunicó hace unos meses que la empresa no tenía previsto solicitar la concesión de uso sobre los terrenos que ocupa su fábrica de La Espuncia por el riesgo que ello suponía. Y es que las concesiones las concede el Estado por un máximo de 30 años con la posibilidad de otros 30 pero no siempre se otorgan con el plazo máximo previsto por la Ley de Costas.
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